Fecha: 6 de noviembre de 2010 21:34
Asunto: Atencion ciudadana Fiscal de la República Luisa Estela DíazPara: ministeriopublico@mp.gov.ve
PARA LA CIUDADANA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Usando al pie de la letra el artículo 55 de la constitución, le he dedicado este escrito en el que pretendo, como ciudadano, aclarar algunos puntos. El miércoles próximo pasado (3 de noviembre de 2010), tuve la oportunidad de oír unas declaraciones hechas por Usted, en las que manifestó su total acuerdo con las intervenciones del poder ejecutivo en los desarrollos privados de soluciones habitacionales que se desarrollan en el país.
Argumentó señalando que el Ciudadano Presidente tenía la razón en actuar de tal forma, pues estaba resolviendo un problema del ESTADO, que este había tomado la decisión con el fin de “apoyar y defender” a las personas que habían comprado unidades habitacionales, debido a que la terminación de tales desarrollos se encontraban con un alto retraso y en algunos casos los constructores de las viviendas habían modificado los precios finales de las mimas argumentando que habían tenido un incremento en los costos de construcción debido a pérdida de tiempo e incremento de los materiales de construcción.
Estoy totalmente de acuerdo en que el poder moral (en este caso la fiscalía) actúe cuando exista un verdadero “problema de estado”, cosa que TODOS los venezolanos apoyaremos cuando y trataremos de solucionar cuando suceda; sin embargo, lo que estaba pasando no tenía nada que ver con un “PROBLEMA DE ESTADO”; más bien lo que existe en el caso de necesidades de desarrollos habitacionales, es un problema “DEL ESTADO”, que se origina por incapacidad y/o ineptitud, algo muy diferente a un PROBLEMA DE ESTADO.
El estado ha tomado la posición de invadir tierras, edificaciones, empresas, en forma ilegal e inconstitucional y usted como FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA nada ha hecho al respecto.
Analizando la situación que se ha presentado en algunos casos de la construcción de unidades habitacionales programadas, con fechas posibles y determinadas para la entrega de las mismas, que han sufrido atrasos debidos a problemas originados por la falta de material de construcción. Usted debe conocer al menos por “noticia criminis”, que el Gobierno Nacional (ejecutivo) ha usado con frecuencia el ¡EXPROPIESE! SIN QUE SE HAYA SEGUIDO LO ESTABLECIDO EN LA Constitución Vigente de la República; ha hecho “compras” forzosas de empresas en funcionamiento y bancos; ha intervenido a placer en muchos desarrollos privados de todo tipo sin ninguna justificación.
En el caso de los desarrollos habitacionales, cuando un promotor, ingeniero o simplemente ciudadano dedicado a la construcción de unidades habitacionales, proyecta un desarrollo, tiene que tomar en cuenta una serie de factores tales como: Ubicación, condiciones del terreno donde será desarrollado, servicios necesarios aguas (blancas, negras y servidas), electricidad, vialidad, ambiente, transporte, necesidades sociales y de salud, entre otros elementos básicos para el buen desarrollo del proyecto en sí.
En su continua expropiación de cuanto se les ocurre y/o pasa por delante, el ejecutivo ha intervenido y/o “comparado” al sector privado empresas cementeras, canteras de piedra, fabricación de cabillas, areneras, que son los elementos fundamentales para la construcción de viviendas. Le recuerdo que el Ejecutivo ofreció y no cumplió, una serie de soluciones para resolver el grave problema habitacional que tenemos en el país. Como por ejemplo le recuerdo las casas prefabricadas a las que llamó las “PETROCASAS” y las presentó con bombos y platillos, diciendo que se podían hacer unidades de varios pisos con ese material. Hoy día nada se habla de ellas, que fundamentalmente estaban diseñadas con un peligroso y dañino compuesto basado en PVC. ¿Qué ha pasado con estas casas? Sería bueno que usted investigara este caso. Si considera que no tiene una denuncia al respecto y no se ha enterado por medio de ”noticia criminis”, podría tomar este escrito como una denuncia formal o puedo reunirme con usted para informarle al respecto.
Hablando de los problemas que enfrenta la construcción en Venezuela. Si un constructor que que planifica y programa un desarrollo habitacional, compra TODOS LOS MATERIALES necesarios para la ejecución de los trabajos antes de iniciar la obra, bajo este gobierno tiene dos posibilidades de problemas. Primer problema: lo pueden tildar de acaparador de materiales de construcción tales como: cemento, cabilla, piedra, arena, tubería para aguas (negras, servidas y blancas), conductores eléctricos, madera (genérico), vidrio y otros materiales menores, tales como clavos, remaches, brochas, pintura, yeso, cerraduras, perfiles de acero y/o aluminio, interruptores de electricidad, tomacorrientes, tableros eléctricos, entre otros muchos materiales menores; procederían de decomisar todos los materiales tildando al constructor de ACAPARADOR.
Segundo problema. Si este programa la compra de acuerdo a una planificación adecuada, se puede encontrar con que en un momento determinado y de acuerdo a su programa de ejecución de obra, requiera comprar (ejemplo) cemento y tenga como respuesta “NO HAY CEMENTO” en ninguna ferretería; puede suceder el mismo caso con el resto de los materiales. Para resolver este problema el constructor tiene dos posibilidades. Busca a un intermediario (gestor) que tiene relaciones con alguien en el gobierno, por este medio logra que le vendan sus necesidades a tiempo mediante un pago de “servicio”. Si no lo hace por razones de honestidad o costo propuesto y peligro judicial, pierde además de un tiempo valioso para su proyecto, recibe la desagradable sorpresa cuando aparece que solo aparece una parte de material (no aparecen todos al mismo tiempo) y los que aparecen tienen un incremento de precio; todo ello aunado a que el constructor ha tenido un personal inactivo por falta de material, al que tiene que pagar un salario aún en el tiempo de inactividad. Esto trae como consecuencia además de un retraso en la ejecución de la obra y una pérdida de dinero en perfectamente definible. No se puede pretender que el constructor absorba esta pérdida que no espor falta suya, pues va en detrimento de sus ganancias, de las cuales vive y le permite iniciar otro desarrollo habitacional una vez terminado el proceso y pagadas las deudas de financiamiento que, por lo general, tiene en un banco o bancos con intereses muy altos. Cuando se habla que un constructor retrasa una obra para cobrar más, no se sabe lo que se dice. El constructor más gana haciendo la obra a tiempo.
Existe la posibilidad de que haya algún constructor sinvergüenza (la minoría) que trate de “robar” a sus clientes pidiendo ajustes de precio en las unidades de vivienda por encima de lo que realmente ha incurrido por falta de suministros y tardanza en la obra, por motivos ajenos a su voluntad o por haber hecho una mala programación de la obra; pero eso puede ser analizado, revisado y discutido sin tomar las drásticas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional que han traído como consecuencia un drástico descenso en lo referente a desarrollos habitacionales por el sector privado, y el sector público sale con una oferta de más o menos 40.000 casas para el 2011, fabricadas por Iraníes, Bielorusos y “constructores” de otros países que no conocen nuestra idiosincrasia ni nuestro suelo. Si Usted se mantiene informada de lo que sucede realmente en el país, debe saber que una mayoría de los “dueños” de las unidades habitacionales que ha “intervenido” el Ejecutivo, apoya la posición de los constructores y no quieren ninguna intervención del estado.
En Venezuela hay otros problemas “DE ESTADO” que si son realmente graves y están contemplados en la Constitución y nada o poco se hace para resolverlos. Como ejemplo le pongo la INSEGURIDAD en la que vivimos los venezolanos, al no saber la fecha en que nos va a tocar la lotería de un asalto; de salir heridos o muertos. Ese si es un problema que Usted personalmente no tiene y no le preocupa, pues seguramente siempre va acompañada de guarda espaldas; lujo que no podemos tener el resto de los venezolanos por el alto costo que ello tiene.
Repase la Constitución vigente y actúe en consecuencia.
Quedo a sus gratas ordenes para conversar y aclarar sobre algún punto que no haya escrito claramente.
Atenta y respetuosamente
Ing. Reinaldo Penso
C.I. V-1.854.325
Correo electrónico _reypen@cantv.net_ (mail to:reypen@cantv.net)
Venezuela a los 8 días del mes de noviembre del 2010, faltando 32 días para cinco años de atraso del CAAEZ que debería ser considerado un “problema de estado”.
Enviado a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
ministeriopublico@mp.gov.ve
