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Opinión – Miércoles 24 de noviembre de 2010
LA ÚLTIMA PALABRA
Adolfo R. Taylhardat
En sus “líneas” de esta semana el mandón de Miraflores dice que confía en que el Presidente Santos cumplirá su palabra y extraditará a Venezuela al presunto narcotraficante Walid Makled. “Creo en la palabra del Presidente Santos” y cita textualmente lo que dijo el mandatario colombiano el martes pasado: “Yo le di mi palabra. Una vez se surtan los trámites jurídicos se hará la extradición a Venezuela”. Este domingo confirmó su compromiso: “le di mi palabra de extraditarlo a Venezuela y la voy a cumplir” “Yo soy un hombre de palabra” ha dicho Santos. Es de caballeros honrar la palabra comprometida, aun cuando su par de este lado de la frontera no es de la misma cepa.
Sin embargo, en un país como Colombia donde funcionan las instituciones y prevalece la autonomía de los poderes públicos, la última palabra no la tiene el Presidente Santos. Para extraditar a Makled a Venezuela se requiere que la Corte Suprema de Colombia dé su visto bueno. Debe ser eso que cuando confirmó su compromiso con el mandatario venezolano agregó la excepción de que la extradición se producirá “una vez que se hayan cumplido los trámites jurídicos”.
Evidentemente este caso se ha convertido en un asunto sumamente delicado que trascendió el ámbito legal para convertirse en un problema político. El mandón no vacila en recurrir al chantajecuando afirma que la actitud de Santos evidencia la voluntad política necesaria “para que el vigoroso proceso de relanzamiento de las relaciones prosiga su curso y fortalezca la confianza entre nuestros dos países”
Pero por encima de todo es un caso evidente de derechos humanos. El interés primordial de traer a este personaje a Venezuela no reside tanto en la necesidad de seguirle juicio por los numerosos delitos de los cuales se le acusa. El principal objetivo es silenciarlo, impedirle que siga denunciando los vergonzosos actos de corrupción en los cuales están envueltas figuras prominentes del régimen. Makled asegura que sus operaciones delictuosas beneficiaban a gobernadores, ministros, altos jefes militares y hasta magistrados del TSJ. En fin, gran parte de la “nomenclatura” que rodea al inquilino de Miraflores tiene sus manos untadas en ese estiércol. “De esas empresas comía mucha gente del alto gobierno, así de sencillito” asegura Makled. También asegura que aportó recursos para la campaña oficialista del referendo por la reforma constitucional.
La información en poder de Makled es una bomba de tiempo para el gobierno venezolano. El propio mandón lo reconoce cuando en sus “líneas” dice que Estados Unidos quería extraditarlo “para que vomitara toda clase de acusaciones contra la revolución bolivariana, contra su liderazgo político y militar y así incluir a Venezuela en la lista negra de países que apoyan al narcotráfico”
No busco exculpar a Makled. Debe ser juzgado. Y si resulta efectivamente culpable de los cargos que se le hagan debe cumplir la pena que se le imponga. Sin embargo, la CS colombiana no debe perder de vista que en Venezuela no hay estado de derecho y la casi totalidad del sistema judicial funciona como instrumento de persecución y de represión. Los ejemplos están a la vista. Basta leer el artículo de Marta Colomina de este domingo en este diario.
Esto significa que no se cumplirá la condición esencial exigida por el derecho internacional para que opere la extradición, concretamente, la garantía de un juicio justo e imparcial para el extraditado. La CS colombiana debe saber que si Makled es entregado a las autoridades venezolanas será silenciado de cualquier forma para impedir que revele, con pruebas en la mano como ha ofrecido hacerlo, los detalles y los nombres de quienes se beneficiaron de sus negocios ilegales. Incluso, no vacilo en advertir que en Venezuela su integridad personal y su vida correrán peligro.
La última palabra la tiene entonces la CS de Colombia. Si otorga el visto bueno contribuirá a una grotesca violación de derechos humanos. Si no lo otorga, el presidente Santos tendrá que acatar la decisión de ese alto tribunal y quedará liberado del compromiso de honor que ha contraído.
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