Saturday, November 27, 2010

LA ÚLTIMA PALABRA by Adolfo R. Taylhardat

EL UNIVERSAL www.eluniversal.com reproduced article because the server is not available at this time.

Opinión – Miércoles 24 de noviembre de 2010

LA ÚLTIMA PALABRA

Adolfo R. Taylhardat

En sus “líneas” de esta semana el mandón de Miraflores dice que confía en que el Presidente Santos cumplirá su palabra y extraditará a Venezuela al presunto narcotraficante Walid Makled. “Creo en la palabra del Presidente Santos” y cita textualmente lo que dijo el mandatario colombiano el martes pasado: “Yo le di mi palabra. Una vez se surtan los trámites jurídicos se hará la extradición a Venezuela”. Este domingo confirmó su compromiso: “le di mi palabra de extraditarlo a Venezuela y la voy a cumplir” “Yo soy un hombre de palabra” ha dicho Santos. Es de caballeros honrar la palabra comprometida, aun cuando su par de este lado de la frontera no es de la misma cepa.

Sin embargo, en un país como Colombia donde funcionan las instituciones y prevalece la autonomía de los poderes públicos, la última palabra no la tiene el Presidente Santos. Para extraditar a Makled a Venezuela se requiere que la Corte Suprema de Colombia dé su visto bueno. Debe ser eso que cuando confirmó su compromiso con el mandatario venezolano agregó la excepción de que la extradición se producirá “una vez que se hayan cumplido los trámites jurídicos”.

Evidentemente este caso se ha convertido en un asunto sumamente delicado que trascendió el ámbito legal para convertirse en un problema político. El mandón no vacila en recurrir al chantajecuando afirma que la actitud de Santos evidencia la voluntad política necesaria “para que el vigoroso proceso de relanzamiento de las relaciones prosiga su curso y fortalezca la confianza entre nuestros dos países”

Pero por encima de todo es un caso evidente de derechos humanos. El interés primordial de traer a este personaje a Venezuela no reside tanto en la necesidad de seguirle juicio por los numerosos delitos de los cuales se le acusa. El principal objetivo es silenciarlo, impedirle que siga denunciando los vergonzosos actos de corrupción en los cuales están envueltas figuras prominentes del régimen. Makled asegura que sus operaciones delictuosas beneficiaban a gobernadores, ministros, altos jefes militares y hasta magistrados del TSJ. En fin, gran parte de la “nomenclatura” que rodea al inquilino de Miraflores tiene sus manos untadas en ese estiércol. “De esas empresas comía mucha gente del alto gobierno, así de sencillito” asegura Makled. También asegura que aportó recursos para la campaña oficialista del referendo por la reforma constitucional.

La información en poder de Makled es una bomba de tiempo para el gobierno venezolano. El propio mandón lo reconoce cuando en sus “líneas” dice que Estados Unidos quería extraditarlo “para que vomitara toda clase de acusaciones contra la revolución bolivariana, contra su liderazgo político y militar y así incluir a Venezuela en la lista negra de países que apoyan al narcotráfico”

No busco exculpar a Makled. Debe ser juzgado. Y si resulta efectivamente culpable de los cargos que se le hagan debe cumplir la pena que se le imponga. Sin embargo, la CS colombiana no debe perder de vista que en Venezuela no hay estado de derecho y la casi totalidad del sistema judicial funciona como instrumento de persecución y de represión. Los ejemplos están a la vista. Basta leer el artículo de Marta Colomina de este domingo en este diario.

Esto significa que no se cumplirá la condición esencial exigida por el derecho internacional para que opere la extradición, concretamente, la garantía de un juicio justo e imparcial para el extraditado. La CS colombiana debe saber que si Makled es entregado a las autoridades venezolanas será silenciado de cualquier forma para impedir que revele, con pruebas en la mano como ha ofrecido hacerlo, los detalles y los nombres de quienes se beneficiaron de sus negocios ilegales. Incluso, no vacilo en advertir que en Venezuela su integridad personal y su vida correrán peligro.

La última palabra la tiene entonces la CS de Colombia. Si otorga el visto bueno contribuirá a una grotesca violación de derechos humanos. Si no lo otorga, el presidente Santos tendrá que acatar la decisión de ese alto tribunal y quedará liberado del compromiso de honor que ha contraído.

www.adolfotaylhardat.net/inbdexbis

Sunday, November 14, 2010

Open letter to OAS Secretary General Nov. 10, 2010

UNIDAD

Señor José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
Washington DC


Caracas, 10 de noviembre de 2010

Señor Secretario General:
En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela queremos llamar su atención sobre las graves declaraciones formuladas por el Mayor General Henry Rangel Silva, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, en una flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dijo el citado oficial que:
“La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe… Nos casamos con este proyecto de país… es difícil que la oposición a Chávez llegue al poder… Sería vender el país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no y el pueblo menos"


Tales declaraciones, publicadas en el diario últimas Noticias de Caracas el domingo 7 del presente mes, resultan inadmisibles no sólo por provenir de un alto oficial que ocupa el segundo cargo en importancia dentro de la Fuerza Armada Nacional, sino porque contraviene el artículo 328 de la Constitución nacional que señala expresamente: “La FAN constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política ….. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación.”

Además, dichas expresiones constituyen una seria amenaza de irrespetar la soberanía popular al advertir que de ganar la oposición las elecciones presidenciales de diciembre de 2012, éstas serían desconocidas por la Fuerza Armada Nacional, lo cual, a su vez, es contrario al principio de alternabilidad consagrado en el texto constitucional que define al gobierno de Venezuela como “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocable”. Se trata también de una inaceptable presión a los ciudadanos y el quebrantamiento de normas universales que establecen la obligatoriedad de la subordinación del poder militar al poder civil.

Lo hacemos en atención a que esas afirmaciones no sólo contravienen la Carta Democrática Interamericana que en su Art. 4 establece que “….La subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”; sino que la misión de la OEA requiere un “esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan al sistema democrático de gobierno”, como lo dice en los considerandos la Carta Democrática Interamericana.

Igualmente nos preocupa la peligrosa tendencia a desconocer la Constitución que se viene produciendo como se hizo cuando se despojó arbitrariamente de las competencias asignadas por la ley a los Gobernadores electos y al Alcalde Metropolitano a finales del 2008, comentados ampliamente en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54 30 diciembre 2009 Original: Español); cuando se desconoce el artículo 200 del texto constitucional que garantiza la inmunidad a los parlamentarios electos desde el momento de su proclamación; o cuando se adelanta una ola de expropiaciones a despecho de las previsiones del artículo 115 constitucional.

Las fuerzas políticas democráticas reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática, desean alertar a esa instancia hemisférica de estas amenazas a la democracia que tales acciones representan y solicitamos al Secretario General a prestar una especial atención y seguimiento a estos graves desarrollos.

Le saludo respetuosamente,

Ramon Guillermo Aveledo
Secretario Ejecutivo
Mesa de Unidad Democratica

Pmbcomments 11 14 2010

Revised:

PMBComment Yesterday’s edition of the Caracas daily El Nacional (see below) carried yet another installment of the confessions of Walid Makled, a powerful drug trafficking Bolivarian entrepreneur currently in the custody of Colombian authorities. In his third interview with El Nacional, Makled continues to shed details of his shady relations with the upper echelons of the Chavista government, especially with high ranking officers of the Bolivarian National Armed Force. The level of complicity by military officers who report directly to Hugo Rafael Chávez Frías is alarming, yet no longer surprising . Even the pilot of the presidential plane appears to be involved. For quite some time it has been known that the fundamental occupation of certain officials of the so-called “revolution” is drug trafficking. The reason more details have not come to light any sooner is because those who have the evidence, essentially foreign governments, have been slow to release names and to state specific accusations. This silence has contributed not only to the impunity under which these drug dealing military officers and narco-revolutionaries operate, but also to the severity of the cancer that will compromise Venezuela’s peace and governability for decades to come. In the case of the United States, Daniel Restrepo, the Colombian-American who directs hemispheric affairs at the White House, has been the leading advocate of avoiding the creation of situations where Mr. Chávez might be made to feel uncomfortable upon presentation of the evidence of his misdeeds. I do not believe for one second that Mr. Restrepo is a fool, but what is clear is that the strategy of sitting atop growing volumes of evidence has been a great mistake and warrants an even greater explanation when in Washington there are daily celebrations of the “successes” of Plan Colombia. The 10 years and the $8 billion spent on this plan by U.S. taxpayers have made it possible for Colombians to reclaim the full use of a large part of their territory. But what is very clear is that an important part of this success has been accomplished by transferring the problem over to the neighboring country of Venezuela, where the Chavista government showed no intention of confronting the scourge of the drug traffickers, but, as the evidence now shows, chose instead first to protect and then to assume control of the drug deals. For Venezuela, a country that is of infinitely greater strategic value than Colombia ever was, to have fallen totally into the hands of global narco-traffickers is the result of many errors and omissions, but what is crystal clear is that during the last two years the Obama administration (plus a few others) has ignored the problem as a result of an unforgivable political miscalculation which will cost the people of Venezuela and the taxpayer of the United States a sizeable fortune. PMB

El Nacional reports declarations from Walid Makled denouncing military protection in Venezuela:

http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/165556/Naci%C3%B3n/Walid-Makled:-Los-militares-me-protegieron

www.pmbcomments.com

PMBComentario El diario El Nacional de hoy trae otra entrega de las confesiones de Walid Makled, poderoso boliempresario y narcotraficante detenido en Colombia. En su tercera entrevista con este diario, Makled sigue dando detalles de sus turbias relaciones con el poder y sobretodo con altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El nivel de complicidad de militares que reportan directamente a Hugo Rafael Chávez Frias, hasta el piloto de su flamante avión presidencial aparece involucrado, es alarmante, mas ya no sorprendente.
Desde hace años se ha sabido que la ocupación fundamental de ciertos oficiales afectos a la dizque "revolución" es el narcotráfico. Si no ha salido mas evidencia antes es porque quienes la tenían, fundamentalmente gobiernos extranjeros, han sido lentos en soltar nombres y concretar acusaciones. Este silencio ha contribuido no solo a la impunidad con la cual operan estos narcomilitares y narcorevolucionarios,pero también a la intensidad del cáncer que comprometera por décadas la gobernabilidad - y la paz -en Venezuela y en otros países en la región.
En el caso de los EEUU, Daniel Restrepo, el colombo-americano que dirige los asuntos del hemisferio en la Casa Blanca, ha sido el principal proponente de evitar crear situaciones donde el Sr. Chávez pueda verse incomodado por la evidencia de sus fechorías. No creo por un segundo que el Sr. Restrepo sea un tonto, lo que si esta claro es que la jugada de sentarse sobre cúmulos crecientes de evidencia ha sido un garrafal error y aun mas inexplicable cuando en Washington se celebran a diario los "logros" del Plan Colombia. Los 10 años y 8 mil millones de dolares que se gastaron los contribuyentes norteamericanos en este plan sirvieron para que los Colombianos recuperaran el uso pleno de gran parte de su territorio. Pero lo que esta clarisimo es que parte importante del éxito se logro traspasando el problema al país vecino donde no solo no tenia el gobierno chavista la voluntad de enfrentar el flagelo del narcotráfico, sino que como la evidencia va mostrando, había la voluntad de primero proteger y luego asumir el control del negocio.
Que un país infinitamente mas estratégico que lo que jamas fue Colombia haya caído totalmente en manos del narcotráfico global es el resultado de muchos errores y omisiones, pero lo que si esta claro es que en los últimos dos años la administración Obama (mas otras cuantas) ha ignorado el problema como resultado de un imperdonable calculo político que nos costara una fortuna a los Venezolanos y varias a los contribuyentes gringos. PMB


Maru Angarita
My blog is: http://maruangarita.blogspot.com/

Sunday, November 7, 2010

Open Letter to Venezuela's Attorney General

Fecha: 6 de noviembre de 2010 21:34
Asunto: Atencion ciudadana Fiscal de la República Luisa Estela DíazPara: ministeriopublico@mp.gov.ve
PARA LA CIUDADANA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Usando al pie de la letra el artículo 55 de la constitución, le he dedicado este escrito en el que pretendo, como ciudadano, aclarar algunos puntos. El miércoles próximo pasado (3 de noviembre de 2010), tuve la oportunidad de oír unas declaraciones hechas por Usted, en las que manifestó su total acuerdo con las intervenciones del poder ejecutivo en los desarrollos privados de soluciones habitacionales que se desarrollan en el país.


Argumentó señalando que el Ciudadano Presidente tenía la razón en actuar de tal forma, pues estaba resolviendo un problema del ESTADO, que este había tomado la decisión con el fin de “apoyar y defender” a las personas que habían comprado unidades habitacionales, debido a que la terminación de tales desarrollos se encontraban con un alto retraso y en algunos casos los constructores de las viviendas habían modificado los precios finales de las mimas argumentando que habían tenido un incremento en los costos de construcción debido a pérdida de tiempo e incremento de los materiales de construcción.

Estoy totalmente de acuerdo en que el poder moral (en este caso la fiscalía) actúe cuando exista un verdadero “problema de estado”, cosa que TODOS los venezolanos apoyaremos cuando y trataremos de solucionar cuando suceda; sin embargo, lo que estaba pasando no tenía nada que ver con un “PROBLEMA DE ESTADO”; más bien lo que existe en el caso de necesidades de desarrollos habitacionales, es un problema “DEL ESTADO”, que se origina por incapacidad y/o ineptitud, algo muy diferente a un PROBLEMA DE ESTADO.

El estado ha tomado la posición de invadir tierras, edificaciones, empresas, en forma ilegal e inconstitucional y usted como FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA nada ha hecho al respecto.

Analizando la situación que se ha presentado en algunos casos de la construcción de unidades habitacionales programadas, con fechas posibles y determinadas para la entrega de las mismas, que han sufrido atrasos debidos a problemas originados por la falta de material de construcción. Usted debe conocer al menos por “noticia criminis”, que el Gobierno Nacional (ejecutivo) ha usado con frecuencia el ¡EXPROPIESE! SIN QUE SE HAYA SEGUIDO LO ESTABLECIDO EN LA Constitución Vigente de la República; ha hecho “compras” forzosas de empresas en funcionamiento y bancos; ha intervenido a placer en muchos desarrollos privados de todo tipo sin ninguna justificación.

En el caso de los desarrollos habitacionales, cuando un promotor, ingeniero o simplemente ciudadano dedicado a la construcción de unidades habitacionales, proyecta un desarrollo, tiene que tomar en cuenta una serie de factores tales como: Ubicación, condiciones del terreno donde será desarrollado, servicios necesarios aguas (blancas, negras y servidas), electricidad, vialidad, ambiente, transporte, necesidades sociales y de salud, entre otros elementos básicos para el buen desarrollo del proyecto en sí.

En su continua expropiación de cuanto se les ocurre y/o pasa por delante, el ejecutivo ha intervenido y/o “comparado” al sector privado empresas cementeras, canteras de piedra, fabricación de cabillas, areneras, que son los elementos fundamentales para la construcción de viviendas. Le recuerdo que el Ejecutivo ofreció y no cumplió, una serie de soluciones para resolver el grave problema habitacional que tenemos en el país. Como por ejemplo le recuerdo las casas prefabricadas a las que llamó las “PETROCASAS” y las presentó con bombos y platillos, diciendo que se podían hacer unidades de varios pisos con ese material. Hoy día nada se habla de ellas, que fundamentalmente estaban diseñadas con un peligroso y dañino compuesto basado en PVC. ¿Qué ha pasado con estas casas? Sería bueno que usted investigara este caso. Si considera que no tiene una denuncia al respecto y no se ha enterado por medio de ”noticia criminis”, podría tomar este escrito como una denuncia formal o puedo reunirme con usted para informarle al respecto.

Hablando de los problemas que enfrenta la construcción en Venezuela. Si un constructor que que planifica y programa un desarrollo habitacional, compra TODOS LOS MATERIALES necesarios para la ejecución de los trabajos antes de iniciar la obra, bajo este gobierno tiene dos posibilidades de problemas. Primer problema: lo pueden tildar de acaparador de materiales de construcción tales como: cemento, cabilla, piedra, arena, tubería para aguas (negras, servidas y blancas), conductores eléctricos, madera (genérico), vidrio y otros materiales menores, tales como clavos, remaches, brochas, pintura, yeso, cerraduras, perfiles de acero y/o aluminio, interruptores de electricidad, tomacorrientes, tableros eléctricos, entre otros muchos materiales menores; procederían de decomisar todos los materiales tildando al constructor de ACAPARADOR.

Segundo problema. Si este programa la compra de acuerdo a una planificación adecuada, se puede encontrar con que en un momento determinado y de acuerdo a su programa de ejecución de obra, requiera comprar (ejemplo) cemento y tenga como respuesta “NO HAY CEMENTO” en ninguna ferretería; puede suceder el mismo caso con el resto de los materiales. Para resolver este problema el constructor tiene dos posibilidades. Busca a un intermediario (gestor) que tiene relaciones con alguien en el gobierno, por este medio logra que le vendan sus necesidades a tiempo mediante un pago de “servicio”. Si no lo hace por razones de honestidad o costo propuesto y peligro judicial, pierde además de un tiempo valioso para su proyecto, recibe la desagradable sorpresa cuando aparece que solo aparece una parte de material (no aparecen todos al mismo tiempo) y los que aparecen tienen un incremento de precio; todo ello aunado a que el constructor ha tenido un personal inactivo por falta de material, al que tiene que pagar un salario aún en el tiempo de inactividad. Esto trae como consecuencia además de un retraso en la ejecución de la obra y una pérdida de dinero en perfectamente definible. No se puede pretender que el constructor absorba esta pérdida que no espor falta suya, pues va en detrimento de sus ganancias, de las cuales vive y le permite iniciar otro desarrollo habitacional una vez terminado el proceso y pagadas las deudas de financiamiento que, por lo general, tiene en un banco o bancos con intereses muy altos. Cuando se habla que un constructor retrasa una obra para cobrar más, no se sabe lo que se dice. El constructor más gana haciendo la obra a tiempo.

Existe la posibilidad de que haya algún constructor sinvergüenza (la minoría) que trate de “robar” a sus clientes pidiendo ajustes de precio en las unidades de vivienda por encima de lo que realmente ha incurrido por falta de suministros y tardanza en la obra, por motivos ajenos a su voluntad o por haber hecho una mala programación de la obra; pero eso puede ser analizado, revisado y discutido sin tomar las drásticas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional que han traído como consecuencia un drástico descenso en lo referente a desarrollos habitacionales por el sector privado, y el sector público sale con una oferta de más o menos 40.000 casas para el 2011, fabricadas por Iraníes, Bielorusos y “constructores” de otros países que no conocen nuestra idiosincrasia ni nuestro suelo. Si Usted se mantiene informada de lo que sucede realmente en el país, debe saber que una mayoría de los “dueños” de las unidades habitacionales que ha “intervenido” el Ejecutivo, apoya la posición de los constructores y no quieren ninguna intervención del estado.


En Venezuela hay otros problemas “DE ESTADO” que si son realmente graves y están contemplados en la Constitución y nada o poco se hace para resolverlos. Como ejemplo le pongo la INSEGURIDAD en la que vivimos los venezolanos, al no saber la fecha en que nos va a tocar la lotería de un asalto; de salir heridos o muertos. Ese si es un problema que Usted personalmente no tiene y no le preocupa, pues seguramente siempre va acompañada de guarda espaldas; lujo que no podemos tener el resto de los venezolanos por el alto costo que ello tiene.

Repase la Constitución vigente y actúe en consecuencia.
Quedo a sus gratas ordenes para conversar y aclarar sobre algún punto que no haya escrito claramente.


Atenta y respetuosamente
Ing. Reinaldo Penso
C.I. V-1.854.325
Correo electrónico _reypen@cantv.net_ (mail to:reypen@cantv.net)


Venezuela a los 8 días del mes de noviembre del 2010, faltando 32 días para cinco años de atraso del CAAEZ que debería ser considerado un “problema de estado”.


Enviado a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
ministeriopublico@mp.gov.ve